Una visión de seguridad

La inseguridad es el tema pendiente para Baja California y la mayoría de los estados del país, donde estrategias van y vienen sin lograr abatirla y en algunas zonas en crecimiento.

Existen tres problemas básicos que no permiten avance: en cada nuevo gobierno se vuelve a empezar, eliminando lo poco o bueno que se haya logrado en el periodo anterior, incorporándose nuevos mandos que en ocasiones no tienen la experiencia, no conocen la problemática de la región en particular, y son nombrados más por intereses políticos o económicos que por su capacidad, haciendo que la estrategia arranque de nuevo en cada periodo.

El segundo problema es la corrupción y la impunidad de algunos mandos policiacos, donde algunos de ellos trabajan para grupos delincuenciales antagónicos, situación que incrementa la violencia al no existir orden y coordinación entre mandos policiacos que deberían trabajar en armonía.

Existen reglamentos que obligan a la constante depuración acompañados de exámenes de control y confianza, que a la fecha no son efectivos ni transparentes, evitando garantizar a la ciudadanía contar con elementos policiacos confiables y en cumplimiento de su deber.

El tercer problema es la politización de la seguridad, donde los responsables del tema utilizan a sus elementos y cotos de poder como herramienta política para atacar más a adversarios políticos que a la búsqueda del bien común. Finalmente, en materia de procuración de justicia, en la fiscalía y el poder judicial existe poca transparencia en relación a resultados operativos y presupuestales, desmotivando la denuncia e incrementando los altos índices de impunidad que prevalecen.

La seguridad en nuestro estado al día de hoy está desintegrada, con cada grupo en particular defendiendo intereses personales.Para grandes males, grandes remedios, dice un refrán popular, hoy se necesita “pensar fuera de la caja” armando estrategias que permitan revertir el problema.

Existe una estructura en el gobierno federal y en 17 estados de la república llamada “Secretaria Ejecutivo de Seguridad Publica” (SESP).

Estos SESP’s son entidades administrativas y de control en seguridad, donde sus responsabilidades principales están la generación de políticas públicas en seguridad, la medición de resultados en base a métricas de las distintas entidades policiacas y de justicia, las asignaciones presupuéstales y la vigilancia en la correcta utilización de los recursos asignados. En términos generales, los SESP’s vigilan se den cumplimiento a las estrategias de seguridad e impartición de justicia.

Dados los mínimos resultados que se han dado en materia de seguridad en nuestro país, se pudiera concluir que estas entidades no funcionan, aunque existen dos estados con SESP’s que tienen una incidencia delictiva a la baja: Tamaulipas y Yucatán.

En opinión de quien esto escribe, los magros resultados de los estados restantes están relacionados a que los mismos dependen y reportan a las secretarías de seguridad pública de las entidades, cayendo en la situación de los tres problemas arriba mencionados.

Consecuentemente, para BC existe una propuesta hecha a la gobernadora electa para la creación de un Secretariado Ejecutivo independiente, con autonomía para establecer, aplicar y controlar la implementación de políticas públicas de seguridad para el estado, y a cargo de la valoración de las entidades responsables de seguridad y justicia, con capacidad para medir resultados basados en objetivos preestablecidos, e idealmente asignar presupuestos en base a los mismos.

La esperanza no debe morir, la seguridad tiene solución. Sólo necesita voluntad política.

C.P. Juan Manuel Hernández Niebla, Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado. Columna publicada el 13 de octubre de 2021 en EL IMPARCIAL.