Seguridad sin guerra

“En política la forma es fondo”.

– Jesús Reyes Heroles

Pareciera la militarización del país llegó para quedarse, cuando menos en lo que resta del sexenio.

El 11 de mayo el Ejecutivo publicó un decreto que cierra el punto pendiente generado a raíz de la creación de la Guardia Nacional (GN) en marzo 2019: el tiempo y la inferencia de los militares en la seguridad pública del país.

Por decreto presidencial a partir de ayer, Ejército y Marina se unen a GN para realizar tareas de seguridad.

Paradójicamente, el ejército siempre ha estado en las calles. Desde diciembre 2006, Felipe Calderón ordenó la incursión de militares en materia de seguridad ciudadana, mimos que continuaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Consecuentemente, el decreto simplemente oficializa la regresión de las estrategias de seguridad a lo hecho en los dos sexenios anteriores.

Como promesa de campaña, el presidente López Obrador había prometido regresar al ejército a los cuarteles. Sin embargo, no solo no los regresa, sino que tácitamente acepta que la estrategia de la GN ha fracasado, declarándose incapaz de conformar corporaciones civiles policiacas a la altura de las circunstancias.

Todas las encuestas ciudadanas ponen a las fuerzas armadas como las instituciones de mayor confianza entre la ciudadanía, por lo que reconocemos ampliamente lo que han hecho y pueden hacer a favor de la seguridad y por consecuencia de la ciudadanía.

Sin embargo, no se puede abandonar el modelo de justicia cívica a través del fortalecimiento de las policías municipales y estatales del país, esto paralelo al fortalecimiento de una estructura de policía federal, apostándole a un modelo de seguridad ciudadana sin guerra.

Todos los países democráticos tienen un equilibrio cívico-militar, entendiendo que Ejército y Marina son nuestro último bastión en materia de seguridad. Regresarlos a la línea del frente sin una estrategia de fortalecimiento de las policías civiles, implica que ante un fracaso ya no existen alternativas adicionales, poniendo a México en la posibilidad de convertirse en un narco estado.

Adicionalmente, el tema de seguridad no es solo de ejército y policías, se tienen que fortalecer ministerios públicos tanto estatales como federal, y sus correspondientes sistemas de justicia, debiéndose generar estrategias coordinadas en ese sentido asignándose los presupuestos correspondientes. Esto desafortunadamente no ha sucedido.

Finalmente, si vamos a depender de las fuerzas armadas, se les debe dar la legalidad y normatividad para que hagan su trabajo, rigiéndose normativamente por la ley de seguridad nacional y la ley de seguridad interior, ahora con el blindaje político para operar plenamente dentro de la ley nacional de seguridad pública.

Al mismo tiempo, el estricto apego a los derechos humanos en su labor es fundamental, evitando señalamiento de abusos o violación de los derechos humanos por desempeñar un papel que no les corresponde.

Para ese efecto, se debe de terminar de implementar la Ley de Uso de la Fuerza y la Ley de Registro de Detenciones en cada uno de los estados del país.

Desafortunadamente, el acuerdo presidencial sepulta en definitiva la esperanza de una policía civil federal que nos regrese a un estado constitucional, cuando menos en lo que resta de este sexenio.

Se trata de las mismas viejas ideas para el mismo viejo problema.

Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

Columna publicada el 13 de mayo de 2020 en el periódico FRONTERA Tijuana.