¿Puede B.C. legalizar la mariguana?
“El antídoto siempre está al lado del veneno”
El gobierno estatal anunció una iniciativa de ley para legalizar la producción, venta y consumo de la mariguana en Baja California.
La propuesta, elaborada por el General de Gobierno, contempla su uso legal para solo para residentes del Estado (?), mayores de edad, prohibiendo su uso en lugares públicos, transporte público o privado y en presencia de menores de edad, creando una Comisión para el Control y Vigilancia regulatorio.
La iniciativa prevé la creación de impuestos en cada uno de los procesos, prometiendo destinar parte de los mismos para el tratamiento de adicciones y el consumo responsable.
La autoridad estatal promete mayor control en el tema e ingresos tributarios millonarios, tal y como está sucediendo en algunos estados norteamericanos que la legalizaron.
Si bien legalizar la mariguana es un tema coyuntural, inevitable y en concordancia con la filosofía progresista de la 4T, existen algunas reflexiones que deberían ser tomadas en cuenta en relación a la iniciativa presentada.
Legalmente, no queda claro si su legalización es un tema de inferencia federal o estatal, donde de contravenir los lineamientos federales, aun con la anuencia del Estado, su operatividad pudiera considerarse un delito federal.
Igualmente, y considerando el Congreso Federal acaba de legalizarla, la carga tributaria tanto gobierno federal y estatal pretendan imponer, pudiera hacer que el valor de la misma estuviera por encima de los precios que el mercado negro esté ofreciéndola, esto es algo que está pasando en algunos estados norteamericanos.
Independientemente de la derrama tributaria que la iniciativa generara, el principal objetivo de legalizarla es el de erradicar la violencia y disminuir al crimen organizado, asegurando que su regulación cree las condiciones para producir conductas sociales positivas y la ley sea realmente obedecida y aplicada. En ese sentido, ¿de quién será la responsabilidad de que esto se cumpla?, ¿de la federación o del estado?
A la fecha, no existe un censo de adicciones en el Estado, como tampoco una estructura gubernamental sólida y sustentable para prevenirlas y tratarlas, como tampoco existe un censo o control de los centros rehabilitación estatales.
La Secretaría de Salud Estatal prometió uno hace más de un año que a la fecha no existe. Consecuentemente, cuando se habla de programas de tratamiento y consumo responsables, la autoridad está prometiendo algo que ya debería haber implementado.
En 2008 México reguló la posesión de drogas para consumo personal, resultando que los pequeños distribuidores se aseguraran de no portar mas de lo permitido para así venderlo en antros y otros lugares, provocando una guerra por los puntos de venta y el alto número de homicidios que padecemos.
Dada la problemática de violencia que padecemos y la corrupción que genera, la interrogante es como se va a impedir que sean los carteles los que tomen control legal de estas actividades, o que estos se dediquen a otras actividades más lucrativas como robo, extorsiones y secuestros.
Consecuentemente, es fundamental fortalecer a las Policías como estrategia de contención ante el casi seguro incremento de estos delitos.
Resumiendo, la iniciativa estatal debió haberse acompañado de dos estrategias adicionales: el combate a las adicciones y el fortalecimiento policiaco, donde la primera es ya un verdadero problema de salud pública y en crecimiento.
Desafortunadamente, la secretaria de gobierno manda de nueva cuenta una iniciativa de ley sin un entendimiento claro de la problemática, sin los fundamentos legales adecuados, y sin ponerla a consideración de la sociedad.
C.P. Juan Manuel Hernández Niebla, Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado. Columna publicada el 30 de junio de 2021 en EL IMPARCIAL.
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