Policía Estatal

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“La misma changa, pero revolcada” Refrán popular

Al inicio de la actual administración estatal que está por concluir, con la anuencia del Congreso del Estado y los alcaldes, el gobernador presentó una reforma que desaparecía tanto a la Procuraduría de Justicia del Estado (PJE) como a la Secretaria de Seguridad Pública (PEP) Estatales, fusionándolas en una Fiscalía General del Estado (FGE)

La nueva FGE, en teoría autónoma e independiente del ejecutivo en turno, tenía la intención de establecer una verdadera coordinación bajo un solo titular, combinando la labor de inteligencia e investigación de la PEP con el proceso de procuración de justicia de la antigua PJE.

El objetivo final era simple, mejorar la incidencia de inseguridad estatal, particularmente homicidios y en general el fuero común, abatiendo paralelamente la impunidad. Al “entregar” la PEP a la FGE, el gobernador renunciaba de tácito a una de sus principales obligaciones constitucionales, que es proporcionar seguridad al pueblo, como le gusta llamarle.

En su momento, la acción se consideró novedosa, entendiendo que bajo un solo mando se aseguraba una estrategia coordinada entre estas fuerzas policiales, situación que no necesariamente ocurría en el pasado. Con la fusión, se prometió renovar a la PEP, misma que traía un proceso de desgaste, acusaciones de corrupción y extorsión entre sus elementos, y con muy pocos incentivos en sueldos, prestaciones, capacitaciones y equipamiento.

Para reforzar el mensaje de cambio, la antigua PEP fue rebautizada como Guardia Estatal de Investigación (GESI), donde inclusive algunas patrullas fueron pintadas color guinda, acciones que fue posteriormente corregida debido a que existe normatividad en los colores que una patrulla policiaca debe tener. Casi por cumplir los dos años del cambio, los resultados no han sido exitosos.

Los índices delictivos no han bajado, el número de elementos de la GESI son los mismos que tenía la PEP (640), y por consecuencia, totalmente insuficientes para las necesidades de seguridad del Estado. Adicionalmente, se perdió toda la estructura de investigación e inteligencia anterior, donde en lo que va de este periodo no se han logrado capturas importantes ni existen carpetas de investigación en contra de objetivos prioritarios.

Igualmente, contrastando con los reconocimientos que elementos de la GESI han dado al titular de la FGE por supuestas mejoras en sus condiciones de trabajo, recientes noticias mencionan el fallecimiento por COVID de un oficial de la GESI con 20 años de servicio, donde su familia está solicitando apoyo de gastos funerarios debido a que la FGE no les ha otorgado ningún apoyo.

Ante los resultados mencionados, la gobernadora electa está trabajando un proyecto de reforma para retomar bajo su responsabilidad a la policía estatal, esto de acuerdo a su responsabilidad constitucional. Ante esta acción, el Secretario de Gobierno actual, que por alguna razón inexplicable tiene bajo su responsabilidad el sistema penitenciario (antes en la policía estatal), salió a criticar la iniciativa de la gobernadora electa bajo argumentos totalmente políticos.

Los supuestos principios de eficiencia, moralidad, honestidad que argumenta el secretario no se han cumplido, y hacer referencias partidistas no abona al cambio en materia de seguridad que los bajacalifornianos estamos esperando.

Baja California necesita nuevamente un cambio en materia de seguridad, es facultad y obligación de la nueva gobernadora el proporcionarlo. Debemos apoyarla al respecto.

C.P. Juan Manuel Hernández Niebla, Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado. Columna publicada el 29 de septiembre de 2021 en EL IMPARCIAL.