¿Por qué la Cruzada por la Seguridad no funciona?

Columna publicada en el diario FRONTERA el miércoles 14 de marzo de 2018.

“Los equipos comparten la carga y dividen la pena”

Doug Smith

La “Cruzada por la Seguridad… tarea de todos”, fue firmada en junio de 2017 por el Gobernador del Estado, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Congreso, los alcaldes de los 5 municipios, los titulares de la Procuraduría y Secretaria de Seguridad Publica estatales, los organismos de la sociedad civil, la Cámara de la Radio, el sector empresarial, y el Consejo y Observatorio de Seguridad Pública del Estado. El documento establece compromisos puntuales para el Ejecutivo, legislativos y judiciales. Como testigos estuvieron Policía Federal, PGR, y los representantes de las fuerzas armadas del Estado.

A diferencia de su similar firmado en noviembre del 2008, donde a pocos días de firmado Ejército y Marina tomaron la policía de Tijuana, el reciente careció de ese “golpe sobre la mesa” que marcara claramente al antes y después de su suscripción. Los resultados a la fecha desafortunadamente no han sido los ideales, el Estado sufre una alta incidencia delictiva, una altísima impunidad en la comisión de delitos, y una población cada vez más desesperada y con alta percepción de inseguridad.

En opinión de quien esto escribe ¿qué es lo que ha fallado? En primera estancia, no se han establecido objetivos específicos de las acciones acordadas. Las más importantes, la aprobación de los exámenes de control y confianza de todos los directivos de seguridad, detección de blancos identificados, patrullaje selectivo, sectorización, depuración policiaca, reclutamiento de fuerza policial con su respectiva capacitación en la academia, y servicio profesional de carrera. No todas las corporaciones policiacas no están cumpliendo, pero no existe homogeneidad en los esfuerzos ni objetivos y métricas que validen el cumplimiento de las acciones antes descritas.

En materia financiera, el presupuesto combinado correspondiente a 2018 de policías municipales y estatales, Procuraduría y Poder Judicial asciende a más de 7 mil millones de pesos, cifra significativa que se ha venido aplicando por varios años con los resultados que conocemos. Es de suma importancia que los presupuestos se transparente estableciendo metas de cumplimiento, homologando y correlacionando resultados por peso invertido.

En materia de procuración de justicia, se menciona el fortalecimiento de ministerios públicos correlacionados directamente a delitos del alto impacto, como secuestros, homicidio y narcomenudeo, debiéndose establecer métricas y objetivos de cumplimiento.

En relación con el poder Legislativo, establece el fortalecimiento del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Sin embargo, la línea de acción más importante debe ser el fortalecimiento del Código de Procedimientos Penales, incrementando las penas para delincuentes de alta reincidencia con el objetivo de que no alcancen beneficios y no estén siendo liberados como sucede actualmente.

En cuanto al Poder Judicial, desafortunadamente el documento no establece metas claras para los jueces, siendo de vital importancia que ellos se sumen a esta “tarea de todos”, unificando criterios de aplicación de la ley en el ánimo de coadyuvar por la seguridad de todos los bajacalifornianos.

La Cruzada por la Seguridad es tarea de todos, pero principalmente de nuestros gobiernos.

* Juan Manuel Hernández Niebla – Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.