La cadena de impunidad

“En Tijuana es más fácil que te maten a que te encarcelen por narcomenudeo”

La frase arriba mencionada fue el titular de un artículo publicada por el Universal hace un par de semanas, que desgraciadamente refleja la realidad del sistema de justicia en nuestra ciudad y estado.

Según el artículo, la poca capacidad de las autoridades para combatir el narcomenudeo, provocó que de junio 2016 a agosto 2019, de 12,308 detenidos por posesión de drogas, solo 1,254 enfrentarán proceso, que solo generó 182 sentencias, donde la única opción para los acusados es regresar al narcomenudeo y eventualmente ser asesinados.

Anteriormente existía poco interés de los carteles hacia el narcomenudeo, enfocándose en la exportación a gran escala. Sin embargo, ante el incremento de las adicciones, este se ha convertido en un buen negocio.

El narcomenudista es el último eslabón dentro de los carteles, funcionando como contratista independiente, siendo muy común que los que empiezan como adictos se conviertan en vendedores y algún punto de su adicción los lleve a convertirse en sicarios.

Existe una correlación entre las zonas con más arrestos por narcomenudeo con los asesinatos, donde las estadísticas muestran que el 80-85% de los asesinatos en Tijuana están relacionados al narcomenudeo, con un costo social altísimo, donde las víctimas fluctúan entre los 25 y 35 años.

En relación a los tribunales de justicia, el sistema está colapsado. De las 182 sentencias que se mencionan al inicio de este artículo, la mayoría se dieron por simple posesión de droga, el delito con la pena más laxa que invariablemente pone al indiciado en libertad.

Del total de personas detenidas durante el periodo antes mencionado, el 40% ya habían sido previamente detenidas una vez, donde un 56% de estos llevaban entre 3 y 13 detenciones.

En las más de 150 sentencias obtenidas y revisadas para el reportaje, el Universal encontró que los policías en su informe policial homologado (IPH) utilizaban la misma versión y las mismas narrativas para justificar la detención.

La cadena de impartición de justicia en Tijuana está rota. La policía invierte gran parte de sus esfuerzos en detenciones cuestionables, mientras el MP procesa aportando poca evidencia.

De las tres instituciones encargadas en combatir la inseguridad, la policía es el primer peldaño y el más criticado por MP’s y jueces, señalando sus IPH’s frecuentemente tiene irregularidades que generan un proceso fallido.

La Policía de Tijuana tiene un presupuesto para 2020 de 1,000 millones de pesos anuales, la nueva fiscalía $2,500 millones de pesos, y el tribunal de justicia otros 1,000 millones de pesos, cifras prácticamente iguales a los de años anteriores.

Según la organización “Causa en Común”, las condiciones materiales y laborales no promueven que la actuación de los policías municipales pueda mejorar.

El poder judicial igualmente, lleva desde 2017 solicitando incrementos en su presupuesto para poder enfrentar los cambios en el sistema de justicia, con los resultados antes mencionados.

No obstante que Tijuana concentra casi el 50% de la incidencia delictiva estatal, solo tienen cuatro salas de audiencia, cuando Mexicali tiene 15.

Esta saturación y los pocos recursos impactan al sistema de justicia, haciendo que el alto número de detenciones y el reducido nivel de judicialización lo conviertan en una puerta giratoria.

Desafortunadamente, no se ve un “golpe de timón” en la manera que las nuevas administraciones municipales y estatales están manejando el problema, por lo que difícilmente las cosas van a cambiar en nuestro Estado.

Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

Columna publicada el 26 de febrero de 2020 en el periódico FRONTERA Tijuana.