Consulta sin sentido

Consulta sin sentido

”Al pueblo pan y circo” -Refrán popular

Con el argumento de combatir la corrupción, el 1 de agosto tendrá lugar una consulta pública para determinar si procede esclarecer “las decisiones políticas tomadas en años pasados por actores políticos”, que, traducido a un lenguaje coloquial, pretender enjuiciar a los últimos cinco expresidentes de México. El 15 de septiembre de 2020, ya como presidente, AMLO remitió al Senado de la República la petición de hacer una consulta pública con el objeto de llevar a juicio a sus cinco antecesores mediante un ejercicio de participación ciudadana.

Con un costo aproximado de $564 millones de pesos (mdp), y en el entendido que la constitución prohíbe que un mexicano pueda ser juzgado por leyes privativas o tribunales creados exprofeso, estamos en el umbral de observar la campaña mediática más cara para los mexicanos en los últimos años.

Según la Ley Federal de Consulta Popular, para que la mencionada consulta genere alguna acción efectiva, se necesitaría que cuando menos el 40% de la lista nominal saliera a votar, esto equivaldría a 37 millones de votos, algo casi imposible, si tomamos en cuenta que en 2018 del presidente López Obrador ganó con 30 millones de votos.

Adicionalmente, las acciones del poder judicial no se pueden consultar, son obligación del ministerio público, por lo que aun cuando la consulta fuera positiva, esto sólo obligaría al poder legislativo al esclarecimiento de los hechos y no necesariamente a una acción judicial.

Siendo igualmente la pregunta que finalmente autorizó la SCJN tan ambigua, en caso de proceder no describe claramente a quien se pretende enjuiciar, y de igual manera no deja claro cuáles serían las acciones pertinentes.

Consecuentemente, el absurdo de gastar $564 mdp de recursos públicos en promover que la gente vaya a votar por algo donde claramente no va a pasar nada, es claramente un dispendio en una época de crisis de salud, social y económica.

Más allá de consultas públicas, el Estado está obligado a investigar, perseguir y sancionar cualquier hecho delictivo cometido por cualquier persona, independientemente de su investidura, sin necesidad de contar con un mandato popular para ello. En otras palabras, la ley no se consulta, se aplica.

Por todos estos factores, la consulta es claramente innecesaria y un capricho presidencial muy costoso. Este derroche de dinero debería destinarse a otras prioridades como la compra de vacunas o el desabasto de medicamentos, incluyendo el tratamiento para niños con cáncer.

En opinión de quien esto escribe, el manejo de este proceso le permitirá al ejecutivo continuar con la narrativa de hartazgo que lo llevó al triunfo, tratando por esta vía seguir legitimando su proyecto de gobierno.

Los millones a gastar tendrían que servir para combatir la desigualdad, para brindar educación de calidad, servicios públicos eficientes, o para implementar políticas públicas que mitiguen la crisis ambiental, de seguridad, de salud, de protección a niños y mujeres, o la tan necesitada reactivación económica.

Más allá de una verdadera acción para combatir la corrupción, y verdaderamente enjuiciar a algunos expresidentes que tanto daño le han hecho el país, la consulta popular parece un distractor incongruente que en nada ayuda al desarrollo de nuestra nación, la cual sigue cayendo de forma vertiginosa en una fosa sin fondo.

C.P. Juan Manuel Hernández Niebla, Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado. Columna publicada el 28 de julio de 2021 en EL IMPARCIAL.