¿Qué hacemos con los autos chocolate?

“De la legalidad solo puede salir el supremo bien”.

– Platón

Los coloquialmente llamados “autos chocolate” son automóviles no importados o comercializados legalmente en México.

Este fenómeno se ha incrementado en los últimos 15 años ante la incapacidad económica de una mayoría poblacional para adquirir automóviles nuevos, donde cifras no oficiales asumen uno de cada tres automóviles que circulan están en esta situación.

Entre otros problemas, la Asociación de Automóviles Nuevos responsabiliza a estos de la falta de desarrollo de la industria automotriz en el país, y por consecuencia la baja en las ventas nacionales.

El fenómeno tiene particular importancia en BC, donde se habla que existen alrededor de 300,000 unidades ilegales circulando.

El problema tiene varias aristas, generando primeramente una competencia desleal debido que estos vehículos no pagan importación, placas y tenencia.

Igualmente, al ser vehículos sin registro de dueño, pueden ser utilizados para delinquir, o en el caso de un accidente vial, al no portar seguro y debido a su bajo costo, son abandonados dejando indefensos a los afectados.

Finalmente, y en conjunto con las unidades de transporte público “piratas”, son mayormente responsables del caos vial en nuestras vías públicas.

Paralelamente, han proliferado entidades que prometen a los usuarios un engomado que hace las veces de “permiso” para circular, mediante el pago de una “módica” suma, cuando la única entidad con la facultad de autorizar la estancia legal de estos vehículos en el país es aduanas.

A este esquema se acaba de unir un nuevo actor: el gobierno estatal de BC, que, con el objetivo de censar estas unidades, y argumentando el 85% de estas unidades se usan para delinquir o generan altos índices de contaminación, creó el Instituto de Identidad Vehicular para vender permisos de circulación.

Si bien se pudiera creer se autoriza la circulación legal de estos vehículos, la nueva ley no garantiza su estancia legal, por lo que podrían ser decomisados.

Adicionalmente, con la implementación de este Instituto, el gobierno estatal estará compitiendo con empresas fraudulentas como Anapromex y Onappaffa, donde tampoco se garantiza una baja en la incidencia delictiva, con la posible consecuencia de un incremento en el robo de vehículos para cometer ilícitos.

La nueva ley también tiene el riesgo de incentivar a las personas a incrementar la introducción de estos vehículos con el objeto de obtener estos beneficios.

El verdadero origen del problema de estos autos se inició hace dos sexenios, cuando para proteger a los concesionarios de automóviles nuevos, las autoridades “cerraron” la frontera a la importación de autos usados, incrementando sus costos de importación.

Los autos chocolate son la consecuencia de un problema social: la falta de un transporte público digno a precio accesible, donde un segmento de nuestra fuerza laboral se ve en la necesidad de comprar un vehículo de bajo costo para poder transportarse a su fuente de empleo.

Consecuentemente, más allá de oficializar una ilegalidad, la autoridad debe implementar el largamente pospuesto sistema integral de transporte, incluyendo sus rutas troncales, motivando al ciudadano a dejar sus vehículos en casa, y al mismo tiempo reabriendo la posibilidad de importar vehículos usados a precios accesibles.

Igualmente, se debe retirar el transporte público “pirata”, coordinando a los tres órdenes de gobierno para retirar de circulación a todo vehículo no importado legalmente y sin los permisos adecuados.

Los autos chocolates son resultado de un problema social. La autoridad debe abordarlo desde ese contexto.

Juan Manuel Hernández Niebla, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

Columna publicada el 04 de marzo de 2020 en el periódico FRONTERA Tijuana.